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El PSOE presenta sus conclusiones a la Comisión Especial: “En los próximos procedimientos se deberá ser más riguroso”

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Una vez finalizados los trabajos de la Comisión Especial llevados a cabo durante el último mes en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes relativa al "Procedimiento de cesión del Anfiteatro de La Marina para la instalación de discoteca, organización de un concierto y explotación de las barras de bar durante las pasadas fiestas de agosto", el portavoz del Grupo Municipal PSOE, Narciso Romero,  presentó una serie de conclusiones en las que aseguraba que la adjudicación de aquel contrato era "susceptible de ser mejorada" y que en los próximos procedimientos "se deberá ser más riguroso”.

Asimismo, Narciso Romero solicitó a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento un “informe sobre la procedencia o no de revisión de oficio de la actuación llevada a cabo, alcance y, en su caso, procedimiento a seguir”.

Por su interés informativo, reproducimos a continuación la intervención realizada por Narciso Romero relativa a este asunto, donde quedan reflejadas las conclusiones presentadas por el Grupo Municipal PSOE.

PROPUESTA SOBRE CONCLUSIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO Y REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO PROMEC 12/14, DE CESIÓN DEL ANFITEATRO LA MARINA PARA INSTALACIÓN DE DISCOTECA, ORGANIZACIÓN DE UN CONCIERTO Y EXPLOTACIÓN BARRAS DE BAR DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES DE AGOSTO 2014

Durante las sucesivas sesiones de esta Comisión y del resultado de los planteamientos de los integrantes a los comparecientes, a modo de resumen, cabe deducir:

1º. La existencia de diferentes argumentaciones jurídicas sobre el objeto del contrato, su calificación, y determinación del procedimiento administrativo más adecuado.

2º. La existencia de diferentes argumentaciones sobre la competencia de los órganos que debieran haber intervenido, y las funciones y alcance de cada uno de ellos en la materia objeto  de análisis.

Parece quedar claro que el ámbito jurídico pivota, con carácter general, sobre:

  1. El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
  2. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
  3. La Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad

Igualmente, resulta evidente que, según el análisis jurídico que se llevase a cabo del objeto del contrato, tanto el marco jurídico como el procedimiento administrativo posterior se harían dependientes de aquél. En este sentido en el que se detectan una serie de deficiencias generales que han hecho en devenir en confusa la gestión que se analiza y difícil determinación, con la debida precisión, de cuál habría sido el deber ser en comparación con lo realmente acontecido. Ello no puede ni deber ser una justificación, pues es precisamente la Administración, la que ha de regirse con plena sujeción a la Ley, en garantía de todos.

Asimismo, no existe una constancia fehaciente y probada de actuaciones subjetivas, tanto de personas individuales como de órganos administrativos, que pudieran permitir deducir una actuación arbitraria ope legis que pudiera dar alcance  a responsabilidades en diferentes ámbitos, aparte del  administrativo.

Si bien, de todo lo vertido aparece como evidente la absoluta necesidad, en aras a preservar la legalidad y la transparencia en el actuar municipal, de definir con un mayor rigor las estructuras administrativa, los órganos administrativos, los procesos y los procedimientos, determinando con claridad la gestión de la transversalidad y en última instancia, la identificación de las responsabilidades tanto en lo que a los empleados públicos se refiere como la atribuida a los órganos administrativos que, en el régimen del municipio de gran población, el Título X de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, establece.

Una primera duda aparece, en cuanto al objetivo del contrato, en determinar el elemento principal y los accesorios, a fin de calibrar qué legislación resulta de aplicación: si la patrimonial reguladora del dominio público o, si se tratase de servicios, el régimen que rige los contratos del sector público. Cierto es que se añade, además, otro elemento: el patrocinio, regulado por la Ley General de Publicidad.

No cabe duda, a priori, de que dicho objeto, según se interpretare, estaría incardinado en uno de los primeros ámbitos jurídicos descritos.

En un primer acercamiento, de sendos ámbitos, parece haberse optado por uno de ellos –el relativo a patrimonio, si bien sin quedar suficientemente claro, a nivel jurídico, el fundamento de su mejor adecuación; posteriormente, se deduce la aplicación de elementos (como el procedimiento negociado), más propios del segundo ámbito -el aplicable de haber considerado como principal objeto, el servicio-. No se trata de actos separables, siendo por ello, confuso y con cierto nivel de errores, el conjunto resultante. Además, en el decurso de la gestión, se observan aún más interpretaciones diferentes y con algún margen de contradicción.

En cuanto al modo de fiscalizarlo, si bien se ha llevado a cabo, la diferenciación de opiniones sobre el modo, arrojan igualmente, confusión sobre el procedimiento más adecuado.

En último lugar cabe citar el elemento dinerario procedente del patrocinio, vinculado a la operación administrativa. De la lectura de lo preceptuado por la Ley General de Publicidad es innegable concluir que ha resultado utilizado de forma inusual conforme a su naturaleza, al vincularse a un procedimiento administrativo como el analizado.

Es patente la concatenación de defectos que, en cualquier caso, deben ser perfeccionados en el quehacer administrativo de un Ayuntamiento.

Del conjunto cabe preguntarse si lo actuado in fine, legalmente deber merecer o no un procedimiento de revisión de oficio de los actos propios y de cuyo resultado se hará dependiente la figura administrativa que pudiera resultar de aplicación.

Hay que hacer, desde luego, un llamamiento tanto a los órganos administrativos –ya sean uni o pluripersonales- a la vez que a los cuerpos técnicos superiores, pues una actuación administrativa como la analizada, simplemente no puede tener cabida en un Ayuntamiento del Nivel de San Sebastián de los Reyes en donde, por obvias razones, se cuenta con la estructura política y profesional que ha de estar a la altura de la gestión de un municipio  de gran población.

En consecuencia, reiterando el que no se aprecian hechos probados que motivasen el que esta Comisión hubiera de adoptar medidas excepcionales, sí caben las siguientes:

1º. Solicitar de la Asesoría Jurídica, informe sobre la procedencia o no de revisión de oficio de la actuación llevada a cabo, alcance y, en su caso, procedimiento a seguir.

2º. Conveniencia de:

a)     Centralizar en el Servicio de Contratación o en la Sección de Patrimonio -según proceda-, cualquier actuación que haya de tener un soporte contractual o asimilado, ya sea de alcance a obras, servicios, suministros u otros, así como cualesquiera que finalmente, deban emanar de la Administración.

b)     Arbitrar un procedimiento mediante el cual se canalice la petición de necesidades a aquéllos, de cualquier parte de la organización.

c)     Identificar los informes que han de ser requeridos, ya sean previos o ulteriores, que pudieran proceder bien por razón de la materia o en virtud de precepto legal.

d)     Elaborar una ficha tipo en la que, al menos, queden suficientemente identificados:

  1. La necesidad planteada.
  2. Determinación del objeto del contrato.
  3. Justificación legal expresa de  objeto del contrato y del procedimiento a seguir.
  4. Identificación del proceso a seguir, informes necesarios y órganos intervinientes.

e)     En aras a la transparencia, complementar el contenido del perfil del contratante con la anterior información.

Con ello se evitarán actuaciones aisladas y descoordinadas, garantizando un actuar preventivo y con la suficiente base legal, en la que todos los agentes intervinientes estarán debidamente identificados y determinando su alcance de responsabilidad, sirviendo como garantía al actuar posterior. 

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