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El PSOE de Sanse no ceja en su empeño: también recurre la nueva Resolución que multa con 80 euros a los vecinos que circulen por La Moraleja entre las 8:00 y las 9:30 horas

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El secretario General del Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, ha presentado un nuevo Recurso Potestativo de Reposición ante la imposición de un peaje de 80 euros a los vecinos de Sanse que quieran circular por la urbanización La Moraleja (ubicada en Alcobendas) entre las 8:00 y las 9:30 horas. Como argumento a resaltar, los socialistas exponen que el alcalde de Alcobendas carece de competencias para definir medidas de restricción del tráfico con carácter permanente en determinadas vías públicas.

El recurso se produce esta ocasión contra la Resolución 113/2014 de 8 de enero del Director General de Seguridad Ciudadana, Policía, Tráfico y Protección Civil, publicada en el BOCM de 23 de enero de 2014 por la que se aprueban Medidas de restricción y control de tráfico en urbanizaciones, en concreto en el Paseo Conde los Gaitanes en La Moraleja.

En su escrito, Narciso Romero considera que esta Resolución no se ajusta a derecho. “Su contenido es idéntico al Decreto anterior, si bien se reduce el horario de restricción en media hora, (en lugar de 7.30 a 9.30, ahora es de 8 a 9.30), creando la apariencia en derecho de que ésta es la causa que motiva la nueva Resolución, que asímismo, “deja sin efecto la Resolución 9040/2013, de 18 de octubre, del Director General delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico publicado en el BOCM de 9 de noviembre de 2013, sobre este mismo asunto”. Es curioso que en la nueva Resolución 113/2014  se denomine al anterior Decreto simplemente Resolución: “se deja sin efecto la Resolución 9040/2013”, cuando se trataba del Decreto 9040/2013, para el que el Director General de Seguridad Ciudadana, Policía, Tráfico y Protección Civil (DGSTyPC) no tenía título competencial alguno. Y es que no existe ningún dato objetivo que evidencie la nueva delegación de competencias y la avocación de las anteriores”, ha explicado Narciso Romero.

En lo que concierne a los hechos, Narciso Romero califica como “muy significativo” que el Decreto 9040/2013 de 18 de octubre, del Director General delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico, publicado en el BOCM de 9 de noviembre de 2013, que estableció la restricción del tráfico en el Paseo Conde de los Gaitanes en La Moraleja, no se haya aplicado. No se ha tramitado ningún expediente, ni -en consecuencia- se ha impuesto ninguna sanción. 

“Resulta obvio que, de facto, se ha suspendido la ejecución de este Decreto de restricción del tráfico por que adolece de incompetencia material y funcional, causas de nulidad absoluta del mismo. Por lo que procedía, como se decía en el recurso presentado, la revisión de oficio y su revocación, según disponen los artículos 102 y 105 de la ley procedimental. En su lugar se ha optado por dictar de nuevo una delegación de competencias y a continuación las medidas de restricción, pero ahora reduciendo en media hora el horario establecido inicialmente, con lo que se incurre en una desviación del procedimiento y de la motivación”, expone el secretario General del PSOE de San Sebastián de los Reyes. 

Asimismo, Narciso Romero exponee que dicha Resolución es nula “porque se dicta antes de que se publique y sea eficaz el decreto de delegación de competencias”, “porque se publica sin referencia alguna a las competencias delegadas ni al decreto de delegación”, “porque existe desviación del procedimiento” y también “falta de motivación”.

Además, el líder del PSOE local reitera que “es una medida discriminatoria para los vecinos de San Sebastián de los Reyes que forman parte de la misma conurbación. De hecho, es la urbanización de La Moraleja la que está separada, por la A-1, de la unidad funcional Alcobendas-San Sebastián de los Reyes”. 

Acto seguido, Narciso Romero recuerda que según dispone el artículo 103.1 de la Carta Magna, la Administración Pública debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho. “Estos intereses generales no se satisfacen con la medida que sólo excluye a los vehículos del municipio de Alcobendas y no a los de San Sebastián de los Reyes, cuando está acreditado que no existe diferencia alguna entre estos vehículos en relación a la utilización del acceso restringido”.

Por último, el secretario General del PSOE de San Sebastián de los Reyes insiste en que el alcalde de Alcobendas carece de competencias para definir medidas de restricción del tráfico con carácter permanente en determinadas vías públicas, con lo que no puede delegarlas en el DGSTyPC.

Por todo ello, el dirigente socialista suplica que “se dicte resolución por la que se acuerde la nulidad del acto impugnado; y hasta ese momento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 111.3 de la Ley procedimental, se solicita la suspensión de la ejecución de la Resolución”.

Por su interés informativo, puede leer íntegramente el Recurso Potestativo de Reposición a continuación

___________________________________________________________________________________________

AL EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS. 

DON NARCISO ROMERO MORRO, mayor de edad, actuando en su propio nombre y derecho, así como en calidad de Secretario General del PSOE de San Sebastián de los Reyes, ante V.E. comparezco y como mejor proceda en derecho DIGO:

Que mediante Resolución 113/2014 de 8 de enero del Director General de Seguridad Ciudadana, Policía, Tráfico y Protección Civil, publicada en el BOCM de 23 de enero de 2014 se aprueban Medidas de restricción y control de tráfico en urbanizaciones, en concreto en el Paseo Conde los Gaitanes en la Moraleja, así mismo se deja sin efecto la Resolución 9040/2013, de 18 de octubre, del Director General de Alcaldía delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico publicado en el BOCM de 9 de noviembre de 2013 sobre este mismo asunto.

Considerando que esta Resolución no se ajusta a derecho, por medio del presente escrito, y al amparo de lo establecido en el artículo 116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de noviembre, vengo a interponer, en ejercicio de la acción pública en materia de interés general,  RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN contra la misma. Todo ello con base en los siguientes

HECHOS 

PRIMERO.- Antecedente: DECRETO DEL DIRECTOR GENERAL Nº 9040 DE RESTRICCIÓN DEL TRÁFICO EN LA MORALEJA.

Con fecha 9 de noviembre de 2013 se publicó en el BOCM nº 267 el DECRETO 9040/2013, de 18 de octubre del Director General de Alcaldía, delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil. En éste Decreto se restringía el tráfico rodado de vehículos en el Paseo Conde de los Gaitanes de la urbanización de La Moraleja de Alcobendas los días laborables de 7.30 a 9.30 de la mañana.

El motivo aducido fue la congestión producida por un tráfico de paso que no tiene su destino en la urbanización, no obstante se permitía el acceso a todos los vecinos de Alcobendas, no así a los de San Sebastián de los Reyes.  


SEGUNDO._ RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA EL DECRETO 9040/2013 DE RESTRICCIÓN DEL TRÁFICO EN LA MORALEJA.

Este Decreto fue impugnado mediante escrito presentado el 9 de diciembre de 2013,  por el Grupo Municipal PSOE del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, y con posterioridad, al resultar inadmitido, se presentó por el PSOE de San Sebastián de los Reyes así como a título personal por el portavoz y secretario respectivamente. Se impugnó, entre otros motivos, por la incompetencia material y funcional del Director General de Alcaldía para dictar el Decreto.

Pese a que en la publicación del Decreto no consta ninguna referencia “a la delegación”, el Director General de Alcaldía delegado de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil, actúa por delegación del Decreto 4794/2013, de 30 de mayo, publicado en el BOCM de 30 de julio de 2013, que es el vigente en ésta fecha. 

Ya se dijo en el Fundamento V del Recurso presentado, al que nos remitimos y que se tiene por reproducido, que los Directores Generales no pueden dictar Decretos (no están autorizados por los arts 70.1 y 58 1 y 2 del ROGA); y que no existe delegación expresa de esta materia (sin perjuicio de que la competencia para definir nuevos ilícitos es del Pleno del Ayuntamiento, y no del Alcalde, tal y como se desarrolla en el FD IV del escrito de demanda).

 

TERCERO._  DECRETO DEL ALCALDE Nº 11016 DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS. 

PARA SUBSANAR Y CORREGIR LOS DEFECTOS DE NULIDAD SEÑALADOS EN EL RECURSO, con fecha 18 de diciembre de 2013, el Alcalde dictó el Decreto nº 11016/2013  por el que modifica el anterior Decreto de delegación 4794/2013, de 30 de mayo:

En éste nuevo Decreto, publicado en el BOCM de 14 de enero de 2014, ya se delega de forma expresa en materia de Tráfico, punto segundo letra b), literalmente la competencia que nos ocupa:

“Establecer mediante resolución las medidas necesarias de ordenación del tráfico, pudiendo a tal efecto resolver sobre la prohibición o restricción de la circulación de vehículos o canalización de las entradas a unas zonas de la población por determinadas vías, así como la reordenación del establecimiento, de conformidad con los artículos 7 y 16 del texto articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 37 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, que aprueba el Reglamento General de Circulación, y 48 de la ordenanza de tráfico y circulación de Alcobendas”.

Como puede comprobarse esta delegación se redacta “ad hoc” para permitir al Director General de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil la adopción de las medidas de restricción del tráfico en la Moraleja. Y en todo caso pone de manifiesto que anteriormente no existía esta delegación expresa, con lo que el Decreto 9040 del Director General restringiendo el tráfico en La Moraleja, se dictó por un órgano incompetente. (Todo ello con independencia de que el Alcalde tampoco tiene esta competencia, no se la otorga la Ordenanza de Tráfico de Alcobendas, como luego se expondrá en los FFDD IX y X , por lo que corresponde al Pleno del Ayuntamiento). 

Igualmente se corrige con este nuevo Decreto la forma que deben adoptar los actos de los Directores Generales, que como no pueden dictar Decretos, se regula -en el punto tercero- que la forma de los acuerdos dictados por delegación sea la de RESOLUCIÓN, y no la de DECRETO:

“de conformidad con lo establecido en el artículo 70 del ROGA los actos administrativos que se dicten por el Director General de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil, en ejercicio de potestades delegadas adoptarán la forma de resoluciones”.

Como puede comprobarse se trata de un reconocimiento expreso de que el  Director General de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil no pudo dictar el Decreto 9040, con lo que, -también por este motivo-, se dictó por un órgano incompetente.


CUARTO._ RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL Nº 113/2014 DE RESTRICCIÓN DEL TRÁFICO EN LA MORALEJA. 

Este nuevo Decreto 11016 de delegación de competencias de fecha 18 de diciembre de 2013, se publica  en el BOCM el 14 de enero de 2014. No obstante, el punto octavo del Decreto relativo a la fecha de su  entrada en vigor dice que: “el presente Decreto surtirá efecto en el mismo momento de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el BOCM…”; lo que es contrario a los artículos 13.3 y 57.2 de la LRJAPyPAC.

Antes de que el Decreto de delegación de competencias adquiriese eficacia jurídica mediante su publicación preceptiva en el BOCM,  el Director General -haciendo uso de la delegación- dictó el Decreto 112 y la Resolución 113 (que constituye el objeto del presente recurso).  Ambas disposiciones deben ser anuladas por haberse adoptado sin que la delegación de competencias alcanzara su eficacia jurídica.

En efecto, el Director General de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Protección Civil (en adelante DGSTyPC)el 8 de enero de 2014 -en base a esta delegación, y antes de su publicación en el BOCM, que tuvo lugar el 14 de enero de 2014-, dictó:

El Decreto 112 de desestimación por inadmisión del Recurso presentado contra su anterior Decreto 9040 de restricción del tráfico.

La inadmisión carece de sentido porque el interés se deduce de la propia petición, en la que se defienden los intereses de los ciudadanos de San Sebastián de los Reyes a quienes perjudica la medida, siendo así que en cuestiones de interés general la acción para recurrir es pública.

La Resolución nº 113 de restricción del tráfico en La Moraleja. 

No obstante, en ese momento era absolutamente necesario resolver el  recurso presentado  antes de dictar de nuevo las medidas de restricción del tráfico en La Moraleja (al tratarse de un procedimiento pendiente de resolución), pero ahora “de conformidad” con una delegación de competencias expresa (contenida en el Decreto 11016) y bajo la forma de RESOLUCIÓN,  y no ya de DECRETO.

De hecho la nueva RESOLUCIÓN del DGSTyPC que restringe el tráfico en La Moraleja es la nº 113/2014 de 8 de enero, es decir, del mismo día y consecutiva a la desestimación del  recurso.

En consecuencia, ambos acuerdos son nulos porque son anteriores a la entrada en vigor de la delegación, por lo que están adoptados por órgano incompetente. Y además, en el caso de la desestimación del recurso la incompetencia se extiende también a la forma de los actos, ya que el DGSTyPC insiste en dictar Decretos para los que no tiene competencia alguna (ya hasta lo dice expresamente el punto tercero del propio Decreto de Alcaldía 11016, de 18 de diciembre de 2013, que se cita en la propia resolución desestimatoria del recurso).

 

QUINTO.PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL Nº 113/2014 DE RESTRICCIÓN DEL TRÁFICO EN LA MORALEJA. 

Esta Resolución 113/2014, de 8 de enero de 2014, del DGSTyPC, publicada en el BOCM de 23 de enero de 2014, es la que constituye el objeto de impugnación de este recurso.

Su contenido es idéntico al Decreto anterior, Decreto 9040/2013 del mismo DGSTyPC, si bien se reduce el horario de restricción en media hora, (en lugar de 7.30 a 9.30, ahora es de 8 a 9.30), creando la apariencia en derecho de que ésta es la causa que motiva la nueva Resolución, que asímismo, “deja sin efecto la Resolución 9040/2013, de 18 de octubre, del Director General delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico publicado en el BOCM de 9 de noviembre de 2013, sobre este mismo asunto”.

Es curioso que en la nueva Resolución 113/2014  se denomine al anterior Decreto simplemente Resolución: “se deja sin efecto la Resolución 9040/2013”, cuando se trataba del Decreto 9040/2013, para el que el DGSTyPC no tenía título competencial alguno.

Y es que no existe ningún dato objetivo que evidencie la nueva delegación de competencias y la avocación de las anteriores  (acuerdo primero del Decreto 11016 del Alcalde), puesto que:

  1. La avocación de competencias del DGSTyPC no se notificó a esta parte, pese a tener un procedimiento pendiente de resolver, ya que se había impugnado un Decreto que devino afectado por la avocación, (incluso la inadmisión se realizó en virtud de la nueva delegación de competencias); contrariamente a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley procedimental.

  1. La publicación en el BOCM de 14 de enero de 2014 del Decreto 11016, tampoco es muy clara:

    1. Se publican conjuntamente un acuerdo de la Junta de Gobierno Local y el Decreto del Alcalde.

    2. Pese a que el enunciado hace referencia en primer lugar a un Decreto y en segundo lugar al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, lo primero que se publica es éste acuerdo, con título en mayúsculas y expresivo del contenido. Sólo en la tercera página aparece el Decreto en minúsculas y sin título que exprese su contenido.

  1. En la publicación de la nueva Resolución 113/2014 de restricción del tráfico en La Moraleja no consta expresamente la delegación, ni referencia alguna al nuevo Decreto competencial, contrariamente a lo que dispone el artículo 13.4 de la Ley procedimental.


SEXTO._  EFICACIA DEL DECRETO DEL DIRECTOR GENERAL Nº 9040 DE RESTRICCIÓN DEL TRÁFICO EN LA MORALEJA. 

Por último, en lo que concierne a los hechos, es muy significativo que el Decreto 9040/2013 de 18 de octubre, del Director General delegado de Seguridad Ciudadana y Tráfico, publicado en el BOCM de 9 de noviembre de 2013, que estableció la restricción del tráfico en el Paseo Conde de los Gaitanes en La Moraleja, no se haya aplicado. No se ha tramitado ningún expediente, ni -en consecuencia- se ha impuesto ninguna sanción.

Resulta obvio que, de facto, se ha suspendido la ejecución de este Decreto de restricción del tráfico por que adolece de incompetencia material y funcional, causas de nulidad absoluta del mismo. Por lo que procedía, como se decía en el recurso presentado, la revisión de oficio y su revocación, según disponen los artículos 102 y 105 de la ley procedimental. 

En su lugar se ha optado por dictar de nuevo una delegación de competencias y a continuación las medidas de restricción, pero ahora reduciendo en media hora el horario establecido inicialmente, con lo que se incurre en una desviación del procedimiento y de la motivación, tal y como se fundamenta a continuación.

A estos hechos son de aplicación los siguientes,


FUNDAMENTOS DE DERECHO

PREVIO .- ACREDITACIÓN DEL INTERÉS.

Los ciudadanos de San Sebastián de los Reyes son los que resultan afectados por las medidas adoptadas, ya que no están excepcionados de las restricciones aún cuando éste municipio reúne las mismas características -a los efectos del tráfico de paso por La Moraleja- que el de Alcobendas.

Los perjuicios que les ocasiona a éstos ciudadanos,  al cercenar su derecho a la libre circulación en franca desigualdad con otras situaciones idénticas, es  lo que está proscrito por el artículo 14 de la Carta Magna, y es lo que, de conformidad con el artículo 31 de la LRJAPyPAC  les legitima, -tanto a título individual como de grupo político de San Sebastián de los Reyes-, para poder accionar contra las medidas que afectan a los ciudadanos de éste municipio.

En este supuesto el recurso se promueve a título individual, así como colectivo,  ya que el grupo político defiende los derechos e intereses de los ciudadanos de San Sebastián de los Reyes: que son los que pueden ser sancionados si circulan los días laborables por el Paseo de los Gaitanes de 8 a 9.30 am.  

En consecuencia, queda acreditado su interés legítimo por el hecho de que son los perjudicados por la Resolución.  A sensu contrario,  no se puede limitar el “interés legítimo” únicamente a los ciudadanos empadronados en Alcobendas, ya que a éstos no les perjudica la medida, sino que les beneficia.

Con esto queda acreditado que podrán recurrir las medidas de restricción  los ciudadanos de las localidades excluidas, como los de San Sebastián de los Reyes, o el grupo político de este municipio que representa los intereses colectivos de sus ciudadanos, que son a los que perjudican las limitaciones de tráfico adoptadas, todo ello según el criterio de la Jurisprudencia, señalando por todas la Sentencia de 7 de junio de 2000 de la Audiencia Nacional, que en relación a la determinación del interés legítimo, dice que “está vinculado a la obtención de un beneficio o utilidad o a evitar un perjuicio concreto y determinado, actual o futuro, pero siempre cierto, lo que ha de ser alegado y probado (STS de 23 de junio de 1997  [ RJ 1997, 5267])”. 


I.               LA RESOLUCIÓN ES NULA PORQUE SE DICTA ANTES DE QUE SE PUBLIQUE Y SEA EFICAZ EL DECRETO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.

El artículo 57.2 de la LRJAPyPAC establece que la eficacia de los actos quedará demorada cuando se trate de actos que deban ser publicados. La delegación de competencias es, precisamente, un acto que necesariamente debe publicarse en el Boletín que corresponda, por disponerlo así expresamente el artículo 13.3 de la Ley procedimental.

La Resolución se dicta el 8 de enero de 2014, fecha en la que todavía no tiene eficacia el Decreto de delegación de competencias porque le faltaba el requisito de la  publicación, lo que no tiene lugar hasta el 14 de enero de 2014.  Esta misma ineficacia afecta al Decreto 112 por el que se inadmite el Recurso de Reposición.

Si la delegación de competencias es ineficaz, las nuevas medidas se adoptan por un órgano incompetente, con independencia de que el Alcalde tampoco es el competente sino el Pleno del Ayuntamiento, al no venir autorizado para fijar estas limitaciones en la Ordenanza específica. 


II.             LA RESOLUCIÓN ES NULA PORQUE SE PUBLICA SIN REFERENCIA ALGUNA A LAS COMPETENCIAS DELEGADAS NI AL DECRETO DE DELEGACIÓN.

El artículo 13.4 de la Ley procedimental establece que: “Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia”, lo que se incumple en la resolución impugnada.

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 12.4 del ROGA, que también se ha infringido en este supuesto.


III.           DESVIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

El artículo 62.1.b)  de la Ley procedimental  establece la nulidad de los actos dictados por órganos incompetentes. En estos supuestos,  según el artículo 102.1 procede (no sólo la estimación del recurso presentado), la revisión de oficio de los actos administrativos.

En lugar de ello se ha dictado una nueva resolución que deja sin efecto el anterior Decreto, ahora denominado simplemente Resolución, sin que en ningún momento se haya declarado la nulidad del Decreto.  Esta ausencia del procedimiento establecido para la revisión de los actos nulos, determina la nulidad de los actos simulados,  como dispone la letra e) del artículo 62.1 de la Ley procedimental.


IV.           FALTA DE MOTIVACIÓN. 

El artículo 54.1.a) de la Ley procedimental exige que sean motivados los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. En éste sentido, la resolución impugnada tiene como único objeto  reducir el horario de restricción en media hora, lo que se motiva en que “transcurridos dos meses desde la aplicación de la medida”, cuando en realidad no se ha aplicado el Decreto 9040 (ahora Resolución 9040) y “analizados los datos referentes al descenso de vehículos”, se han obtenido resultados positivos a la hora punta de entrada  a las zonas escolares.

Si la medida anterior no se ha aplicado, no existe un control de los vehículos autorizados y no autorizados que circulan de 7.30 a 9.30 a.m por el Paseo de los Gaitanes, ni mucho menos los que circulan entre 7.30 y 8, que es el horario reducido. De hecho si las zonas escolares tienen su punto álgido a las 9 podría incluso reducirse las restricciones de 8.30 a 9.30.

No puede apreciarse un descenso de vehículos que sea consecuencia de la medida de restricción, cuando ésta medida no se ha aplicado, con lo que se ignora si el volumen de vehículos que han transitado a esas horas son autorizados o no autorizados.

Todo indica que la verdadera motivación de esta Resolución es la posibilidad de imponer la medida de manera eficaz, imponiendo sanciones a los infractores, en sustitución del anterior Decreto que se dejó en suspenso por estar incurso en una causa de nulidad de pleno derecho.


V.             CUESTIONAMIENTO DE LA MEDIDA DE RESTRICCIÓN DEL TRÁFICO EN LA MORALEJA.

En definitiva, y haciendo abstracción de la nueva resolución, ya que, excepto en la media hora de reducción horaria,  en todo lo demás es una reproducción exacta del anterior Decreto, procede efectuar las siguientes consideraciones: 

Las medidas tienen por objeto restringir el tráfico rodado de determinados vehículos en el Paseo Conde de los Gaitanes de la urbanización La Moraleja de Alcobendas, en su acceso desde la carretera M-12, los días laborables lectivos, ahora de 8 a 9.30 de la mañana. El incumplimiento de esta medida de restricción constituye un ilícito que se sanciona con una multa de 80 euros, según el punto 1.6 de la Resolución.

Los motivos para la adopción de esta medida de restricción, según consta en la Resolución,  son los siguientes:

I.               Los perjuicios de movilidad que se causan a diario en la Moraleja por un exceso de volumen de tráfico condensado en el horario punta de 8 a 9.30.

II.             Que los perjuicios son: la congestión, el ruido, la polución y la disminución de la seguridad vial, porque el Paseo es una calle que carece de capacidad para soportar tanto tráfico.

III.           Que gran parte de dicho tráfico no tiene destino en la urbanización, sino que es tráfico de paso, originándose una gran conflictividad con quién sí tiene como destino dicha urbanización, siendo este su acceso principal y estando justificado su uso. 

Pese a que se intenta restringir el tráfico de paso que no tiene su destino en la urbanización, después –en clara contradicción-, se autoriza el mismo a vehículos que no son exclusivamente los que tienen como destino la Moraleja. Estos vehículos se definen en el punto 1.3 de la Resolución y son, fundamentalmente, los “1. Vehículos empadronados en Alcobendas…”

Esta medida, (sin duda solicitada por los vecinos de la urbanización, ya que son los únicos perjudicados por el tráfico de paso), se adopta en unos términos que no excluyen única y exclusivamente al tráfico de paso, como ocurriría en el supuesto de que sólo se permitiese el acceso a los vehículos cuyo destino fuere  la propia urbanización. 

Parece lógico que de esta medida restrictiva se excluyan los vehículos de emergencias, seguridad y servicios –por su interés público-, así como los vehículos de dos ruedas –por su movilidad-, y los colectivos, -por su alta densidad-, pero lo que resulta  incoherente con la finalidad de la Resolución es la reserva de dispensación que se hace para todos los vecinos de Alcobendas.

Y en todo caso es una medida discriminatoria para los vecinos de San Sebastián de los Reyes que forman parte de la misma conurbación. De hecho, es la urbanización de La Moraleja la que está separada, por la A-1, de la unidad funcional Alcobendas-San Sebastián de los Reyes.

Y en esto consiste, precisamente, la cuestión que se suscita en relación con esta medida, que -o bien- puede “prohibir” el tráfico de paso, en cuyo caso sólo debe excluir en el punto 1.3.1 de la Resolución, a los vehículos empadronados en la urbanización La Moraleja de Alcobendas; o bien “limitar” el tráfico de paso, en cuyo caso debería  ampliarse el punto 1.3.1 de la Resolución incluyendo a todos los vehículos empadronados en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.


VI.           NO SE MOTIVA QUE LOS VEHÍCULOS EMPADRONADOS EN ALCOBENDAS QUEDEN EXCLUIDOS DE LA MEDIDA RESTRICTIVA. 

La motivación que contiene el Decreto para la adopción de la medida restrictiva del tráfico en el Paseo Conde de los Gaitanes no sólo no justifica que queden excluidos los vehículos empadronados en Alcobendas, sino que ésta excepción, es incluso contraria a la finalidad que se pretende.

Si tenemos en cuenta que la urbanización La Moraleja está situada al este del municipio de Alcobendas y separada del mismo por la A-1;  cualquier vehículo empadronado en Alcobendas, que obviamente no sea de la propia urbanización, constituye un “tráfico de paso” entre la M-12 y la A-1, que es precisamente lo que causa los perjuicios que motivan la restricción.  

Además, esta medida que se adopta para “descongestionar” el tráfico de paso por La Moraleja, perjudica otras calles y urbanizaciones, siendo el propio Ayuntamiento el que propone como accesos alternativos (véase página web Ayto. Alcobendas “Solicitud auorización acceso a Ps Conde de los Gaitanes en La Moraleja) las calles Camino Ancho, Nardo, Caléndula o Salvia del Arroyo de la Vega, calles Caléndula y Yuca de la Carretera de Fuencarral, y el Paseo de los Parques de la urbanización Encinar de los Reyes.

Los actos discrecionales como el que nos ocupa deben estar motivados, máxime si se trata de excepciones a una norma de general cumplimiento, en cuyo caso deben estar especialmente justificados.  Y en éste caso la excepción queda huérfana de toda motivación vulnerando lo dispuesto en el artículo 54. f de la Ley de Régimen Jurídico.


VII.         LA EXCEPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS EMPADRONADOS EN ALCOBENDAS ES DISCRIMINATORIA PARA LOS VEHÍCULOS EMPADRONADOS EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. 

Cuando se trata de municipios unidos funcionalmente y separados por la A-1 de la urbanización La Moraleja, comparten el mismo destino en relación a las medidas que pudieran adoptarse tanto en caso de restricción, como de excepción, del tráfico de paso por aquélla.

Por ello, esta medida de exclusión únicamente de los vehículos de Alcobendas es discriminatoria y contraria a las medidas de colaboración que presiden las relaciones interadministrativas y que tantos beneficios reportan a los vecinos de ambos municipios.

Con esta colaboración entre los Ayuntamientos de ambas localidades se ha mejorado la calidad del servicio público ofertado, ya que muchas de las actividades y servicios públicos se utilizan de forma conjunta entre los vecinos de uno u otro municipio. De hecho el 10 de noviembre de 2011 se constituyó una comisión de estudio y análisis de servicios municipales prestados por ambos Ayuntamientos, y ello con el objeto de mejorar el coste y la eficiencia mediante una prestación conjunta entre ambos municipios.

Así, en materia de tráfico, el 25 de septiembre de 2012 se firmó el Convenio de Colaboración para la prestación conjunta del servicio de retirada y depósito de vehículos de la vía pública; y el 29 de octubre de 2012 se firmó el Convenio para el acceso a información de datos de vehículos y ciudadanos.

Por todo ello no se entiende que la medida restrictiva no afecte de igual forma a los vehículos de Alcobendas que a los de San Sebastián de los Reyes, precisamente porque se trata de municipios unidos, sin solución de continuidad, que comparten accesos, polígonos industriales, zonas comerciales, de ocio….

Si se permite el tráfico de paso a los vehículos de Alcobendas, debe permitirse también a los de San Sebastián de los Reyes, habida cuenta de que no existe ninguna diferencia en relación al uso del viario de La Moraleja, entre unos y otros vehículos. Los accesos son los mismos y los destinos también, ya que ambos municipios están unidos y separados de la Moraleja por la A-1.


VIII.       LAS MEDIDAS POLÍTICAS DEBEN TENER COMO FINALIDAD EL INTERÉS GENERAL. 

Según dispone el artículo 103.1 de la Carta Magna, la Administración Pública  debe servir con objetividad los intereses generales y actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho.

Estos intereses generales no se satisfacen con la medida que sólo excluye a los vehículos del municipio de Alcobendas y no a los de San Sebastián de los Reyes, cuando está acreditado que no existe diferencia alguna entre estos vehículos en relación a la utilización del acceso restringido.

Lo que evidencia que se trata de una medida que no beneficia por igual a todos los usuarios que reúnen las mismas condiciones. Podría tratarse de un simple olvido que debiera subsanarse, ya que de lo contrario, también podría interpretarse como un acto político cuya finalidad no es la de atender a los intereses públicos, sino que se dirige exclusivamente a los votantes del municipio de Alcobendas con  una clara vocación electoralista.

Está claro que la medida restrictiva satisface los intereses de los vecinos de La Moraleja, y que lo hace sin limitar los intereses de los vecinos de Alcobendas, en cuánto electores todos ellos del mismo municipio; en cambio, la única diferencia con los vecinos de San Sebastián de los Reyes, no está en los accesos, los usos y los destinos de la medida restrictiva de tráfico adoptada en relación con los vecinos de Alcobendas, sino que la diferencia está en que estos vecinos no son electores de este municipio, prevaleciendo  intereses políticos sobre los intereses del conjunto de la ciudadanía que comparte la misma conurbación. 

En éste sentido, el artículo 106.1 de la Constitución somete al control de los Tribunales la legalidad de la actuación administrativa y la coherencia con los  fines que la justifican.


IX.           LA RESOLUCIÓN DEFINE UN ILÍCITO QUE NECESARIAMENTE DEBE REGULARSE EN UNA DISPOSICIÓN NORMATIVA, LO QUE DETERMINA  QUE EL ÓRGANO COMPETENTE SEA EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.

La Resolución vulnera una garantía consustancial a nuestro derecho como es la reserva de ley en materia de tipicidad de las infracciones, tal y como dispone el artículo 25 de la Constitución y 129 de la Ley de Régimen Jurídico.

Es cierto que sólo se trata de un desarrollo normativo de una norma legal que habilita para ello, como es el artículo 16 del Texto Articulado de la Ley de Tráfico, y 37.1 del Reglamento, y que según permite el artículo 139 de la Ley de Bases de Régimen Local puede realizarse mediante Ordenanzas.  De hecho la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación de Alcobendas, de 28 de abril de 1998, publicada en el BOCM el 22 de junio de 1998 regula este mismo supuesto genérico en el artículo 48:

“Cuando circunstancias especiales lo requieran, se podrán tomar las oportunas medidas de ordenación de tráfico, prohibiendo o restringiendo la circulación de vehículos, o canalizando las entradas a unas zonas de la población por determinadas vías, asi como reordenando el estacionamiento”.

Ahora bien, la imposición concreta de estas limitaciones también tiene la naturaleza jurídica de “normas”, en este caso “normas especiales”, como indica la propia Ordenanza del municipio, en el Anexo II, por lo que debe regularse mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria municipal, y no mediante Decreto del Alcalde o Resolución delegada.

Este Anexo II califica de infracción grave el incumplimiento de las medidas restrictivas que pudieran dictarse, pero, como es lógico, dice expresamente que dichas limitaciones, en su caso, deberán definirse

V.gr. : “Desobedecer las normas especiales dictadas por la autoridad local sobre limitaciones a la circulación (deberá especificarse en qué consisten las limitaciones)”. 

Esta definición de un ilícito necesariamente implica el ejercicio de una potestad reglamentaria, como la modificación o complemento de la Ordenanza,  cuya competencia está atribuida según el artículo 123.1 d) de la Ley de Bases al Pleno del Ayuntamiento, y en consecuencia, la Resolución es nula de pleno derecho por que incurre en la causa del artículo 62. 1 b) de la Ley de Régimen Jurídico, al estar aprobado por un órgano incompetente, ya que ni es competencia del Alcalde ni puede, por tanto, delegarla en un Director General.

El artículo 7.b) de la Ley de Tráfico vigente, aprobada mediante Real Decreto Legislativo  339/1990 de 2 de marzo, atribuye al municipio la competencia en materia de tráfico para regular “mediante Ordenanza Municipal de Circulación” los usos de las vías urbanas. En el mismo sentido, el artículo 2 de la Ordenanza de Alcobendas dice que su objeto es el de “regular la ordenación y el control de tráfico y la circulación en las vías urbanas de titularidad municipal, así como los usos de la misma y la adopción de la competencias preventivas y ejecutivas en la relación con la materia”.

Téngase en cuenta que las medidas adoptadas definen el ilícito de forma específica y concreta, dentro de la naturaleza y los límites de la autorización genérica del artículo 48 de la Ordenanza. Y en este sentido, el artículo 129.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas exige que dichas medidas se adopten mediante la forma de “disposiciones reglamentarias”.

Según dispone el artículo 129.3 de la Ley de Régimen Jurídico: Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la ley contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.”

La Ordenanza de Tráfico de Alcobendas es una disposición reglamentaria, y podría definir las medidas concretas de restricción del tráfico, pero lo único que hace en el artículo 48 es una autorización genérica, no define las limitaciones, sólo traslada los preceptos sectoriales en esta materia: artículos 16 del Texto Articulado de la Ley de Tráfico y 37 de su Reglamento. Es por ello que las medidas concretas, que son “especificaciones o graduaciones” al cuadro de las infracciones establecidas, tal y como establece el artículo 129.3 LRJAPyPAC,  deben adoptarse mediante disposiciones reglamentarias y no mediante  resoluciones delegadas.  


X.             EL ALCALDE CARECE DE COMPETENCIAS PARA DEFINIR MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DEL TRÁFICO CON CARÁCTER PERMANENTE EN DETERMINADAS VÍAS PÚBLICAS, CON LO QUE NO PUEDE DELEGARLAS EN EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, TRÁFICO Y PROTECCIÓN CIVIL. 

La Ley de Bases de Régimen Local, así como la legislación específica atribuyen al municipio las competencias en materia de Tráfico, sin definir el órgano competente. Tampoco el ROGA atribuye las competencias en materia de tráfico al Alcalde.

Los supuestos que constituyen infracciones de tráfico y sus sanciones vienen definidos en la Ordenanza de Tráfico en cuánto disposición de naturaleza reglamentaria aprobada por el Pleno. Pero esta Ordenanza no define el supuesto específico ni tampoco atribuye la competencia al Alcalde ni a otra autoridad como sí hace en otros supuestos, con lo que debe ser el Pleno del Ayuntamiento el que adopte estas medidas por implicar la concreción de ilícitos, definiendo las especificaciones concretas de las medidas restrictivas.

Estas limitaciones a la circulación se regulan en el Capítulo XII de la Ordenanza, que al respecto de estas medidas dice genéricamente:

“Artículo 48.-MEDIDAS. Cuando circunstancias especiales lo requieran, se podrán tomar las oportunas medidas de ordenación de tráfico, prohibiendo o restringiendo la circulación de vehículos, o canalizando las entradas a unas zonas de la población por determinadas vías, asi como reordenando el estacionamiento”.

Mientras que cuando se trata de otras medidas, las prohíbe directamente o atribuye la competencia a la autoridad que corresponda su definición, v.gr. :

“ Artículo 52.-PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN: AUTOESCUELAS.

La autoridad municipal, a través de la Delegación de Tráfico, determinará las zonas en las que se permita efectuar prácticas de maniobras con vehículos…”

“Articulo 53.-CARRILES EXCLUSIVOS Y DE PROTECCIÓN.

La Autoridad municipal podrá establecer carriles reservados a la circulación para una determinada categoría de vehículos…”

En  consecuencia, el Alcalde no puede delegar funciones que no le competen como la que se recoge en el nuevo Decreto de delegación de competencias , nº 11016 de 18 de diciembre de 2013:

“Establecer mediante resolución las medidas necesarias de ordenación del tráfico, pudiendo a tal efecto resolver sobre la prohibición o restricción de la circulación de vehículos o canalización de las entradas a unas zonas de la población por determinadas vías, así como la reordenación del estacionamiento, de conformidad con los artículos 7 y 16 del Texto Articulado de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 37 del real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre que aprueba el Reglamento General de Circulación y 48 de la Ordenanza de Tráfico y circulación de Alcobendas”.

Esta delegación de competencias ad hoc, olvida que el articulo 48 de la Ordenanza no atribuye esa competencia al Alcalde, ni tampoco lo hace el ROGA, ni la Ley de Bases, ni la de Tráfico ni su Reglamento. Y por ende, el Alcalde no puede sino delegar las competencias que le son propias, tal y como dispone el artículo 30 del ROGA.

La competencia del Alcalde en esta materia es la de “proponer las normas reguladoras de circulación, señalización y estacionamiento del tráfico y circulación”, como señalaba el punto segundo letra c), del Decreto 4794; o el de “proponer la aprobación de las disposiciones generales reguladoras de la circulación, señalización y estacionamiento del tráfico y circulación” como señala la letra d) del punto 2, Tráfico del Decreto 11016.

En el mismo sentido se pronuncia el artículo 68.2.c) del ROGA, que atribuye a los Directores Generales “la elaboración de proyectos de disposiciones, acuerdos y convenios respecto de las materias de su ámbito de funciones”. En el mismo sentido, el artículo 30.2  del ROGA establece que: “Las delegaciones referidas en el apartado anterior abarcarán, tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, salvo que expresamente se indique lo contrario”; es decir, dirigir-gestionar y resolver, o elaborar proyectos de disposiciones, o proponer las normas reguladoras de la circulación, pero en ningún caso dictarlas.

Cuando se trata de definir supuestos que limiten los derechos de los ciudadanos deben venir regulados en disposiciones de naturaleza reglamentaria como las Ordenanzas Municipales, con lo que procede la modificación de las mismas para incluir este supuesto.

La potestad municipal para la regulación del tráfico dentro del casco de las poblaciones, no entraña, sin embargo, una facultad arbitraria de la que puedan hacer uso de forma caprichosa, sino que, como todas las potestades administrativas, tiene que ser ejercida en función de la mejor satisfacción de los intereses generales, que la justifica, y sin olvidar el principio jurídico de igualdad de los administrados, y en este caso concreto la potestad de que tratamos debe desenvolverse a través de disposiciones de carácter general, reguladoras de la circulación dentro de vías de la ciudad, procurando en todo caso evitar, innecesarias restricciones en el libro de uso de las vías públicas.

Por esta causa la Resolución impugnada también es nula de pleno derecho, ya que  incurre en las causas del artículo 62. 1 letras b)  y e) de la Ley de Régimen Jurídico, al estar aprobado por un órgano incompetente y además estar dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello.  

En virtud de lo expuesto, y habida cuenta de los vicios de nulidad de los que adolece la Resolución, y teniendo en cuenta las responsabilidades en las que puede incurrir el Ayuntamiento de Alcobendas si lo ejecutara causando perjuicios injustificados al interés público, procedería la suspensión de oficio del acto impugnado y su revocación, en aplicación del artículo 105 de la Ley de Régimen Jurídico,  o una revisión de oficio que declare su nulidad. No obstante, en el supuesto de que no se considere esta posibilidad, sometemos el asunto al control judicial de legalidad de la actuación administrativa, en base a lo cual,

SUPLICO:

            Que teniendo por presentado este escrito, acuerde tener por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución 113/2014 de 8 de enero, del Director General de Seguridad Ciudadana, Tráfico y protección Civil del Ayuntamiento de Alcobendas, por el que se dictan Medidas de Restricción y control de Tráfico en el Paseo Conde de los Gaitanes en su acceso desde la carretera M-12, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 23 de enero de 2014; así como tener por parte interesada al recurrente y al  PSOE de San Sebastián de los Reyes,  y seguido que sea por sus trámites se dicte resolución por la que se acuerde la nulidad del acto impugnado; y hasta ese momento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 111.3 de la Ley procedimental, se solicita la suspensión de la ejecución de la Resolución.

Es justicia que pido en Alcobendas a 22 de febrero de 2014

                                                                                    Fdo. Narciso Romero Morro

Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes - Plaza de la Constitución, nº6, CP: 28701
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