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El PSOE solicita al defensor del Pueblo la anulación de la medida que multa con 80 euros a los vecinos de Sanse que circulan por La Moraleja

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El portavoz del Grupo Municipal PSOE de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, ha presentado este martes 3 de diciembre una queja ante el defensor del pueblo ante la medida impulsada por el Ayuntamiento de Alcobendas que multa con 80 euros a los vecinos de San Sebastián de los Reyes que circulen por el Paseo del Conde de los Gaitanes (La Moraleja).

 

En su queja, Narciso Romero recuerda que la Constitución insta a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, y recalca que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se afirma que toda persona tiene derecho a moverse libremente, garantizando de este modo la libertad de movimiento.

Así, y tras recordar que la circulación sin la correspondiente autorización por las vías sujetas a restricciones o limitaciones impuestas por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico será sancionada con arreglo a lo establecido en el artículo 67.2 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, el portavoz del Grupo Municipal PSOE considera que la medida impulsada por el Partido Popular de Alcobendas no respeta principios generales tales como legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

En opinión de Narciso Romero, se estarían vulnerando “derechos fundamentales y básicos, impidiendo así, la efectiva realización de los derechos y deberes amparados por la legislación (tanto en lo relativo a Derechos Humanos, como comunitarios o de índole nacional)”.

La actuación llevada a cabo olvida principios básicos: igualdad, seguridad jurídica y legalidad para que una norma pueda ser aplicada en las condiciones y garantías establecidas por la Constitución y la legislación vigente”, subraya Narciso Romero.

Además, el portavoz del Grupo Municipal PSOE de San Sebastián de los Reyes esgrime que “si esta limitación territorial -que supone un claro ejemplo de falta de respeto a la legalidad, de arbitrariedad y está basada en motivos electoralistas- la pusieran en marcha, de este modo, todos los Ayuntamientos, sencillamente se estarían dibujando fronteras limitadoras de derechos constitucionales y la libre circulación sería un mito”.

Por todo ello, Narciso Romero solicita al defensor del pueblo que “sea requerido el Ayuntamiento de Alcobendas de tal modo que justifique suficientemente una medida restrictiva y con alcance sancionador, anulándola de forma cautelar hasta tanto no se adecúe a derecho y se defina el alcance objetivo en relación a qué ciudadanos debe alcanzar”.

Por su interés informativo, adjuntamos de forma íntegra la queja formulada por Narciso Romero ante el defensor del pueblo:

QUEJA ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Don NARCISO ROMERO MORRO, portavoz del Grupo Municipal PSOE de San Sebastián de los Reyes, mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad número 09772640D, y con domicilio a efectos de comunicaciones, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Plaza de la Constitución, número 1  y código postal 28701,

Con arreglo a la legislación reguladora de la Institución del Defensor del Pueblo, se eleva la siguiente:

QUEJA

El Artículo 9 de la Constitución Española de 1978, establece: 

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Asimismo, la libertad de circulación, también enunciada como libertad de movimiento, es un concepto de los derechos humanos por el cual toda persona tiene derecho a moverse libremente, ya sea dentro de un país o de un país a otro. Está reconocido parcialmente en el artículo 13º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual un ciudadano de un estado tiene la libertad de viajar y residir en cualquier parte del estado en el que a uno le plazca dentro de los límites de respeto a la libertad y los derechos de los demás, y a dejar ese estado y volver en cualquier momento. Sin embargo, este artículo no incluye ni ampara el derecho de cualquier persona a entrar libremente en otro país que no sea el suyo, es decir, que no se reconoce ni el derecho de entrada ni el derecho a la inmigración individual ni colectiva.

Algunos estudios distinguen tres tipos básicos de libertad de circulación:

  • la libertad de circulación dentro de un país;
  • la libertad de circulación entre países sin cambio de residencia (turismo, convenciones, negocios, etc.);
  • la libertad de circulación entre países con cambio de residencia, generalmente para trabajar.

La primera es una libertad ilimitada, que sólo puede ser posible de restricción por orden judicial en casos de procesos penales.

Si bien, en lo que al tráfico se refiere, normas tales como el Reglamento General de Circulación o las Ordenanzas Municipales, pueden -y deben- establecer regulaciones cuando vengan conveniente y debidamente justificadas, como a continuación se cita expresamente:

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Artículo 37 Ordenación especial del tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.

1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro sentido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general, bien para determinados vehículos o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al normalmente previsto (artículo 16.1 del texto articulado).

2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar su fluidez, se podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados (artículo 16.2 del texto articulado).

3. El cierre a la circulación de una vía objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial sólo se realizará con carácter excepcional y deberá ser expresamente autorizado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, por la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, salvo que esté motivada por deficiencias físicas de la infraestructura o por la realización de obras en ésta; en tal caso la autorización corresponderá al titular de la vía, y deberá contemplarse, siempre que sea posible, la habilitación de un itinerario alternativo y su señalización. El cierre y la apertura al tráfico habrá de ser ejecutado, en todo caso, por los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia y disciplina del tráfico o del personal dependiente del organismo titular de la vía responsable de la explotación de ésta. Las autoridades competentes a que se ha hecho referencia para autorizar el cierre a la circulación de una carretera se comunicarán los cierres que hayan acordado.

4. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, la autoridad autonómica o local responsable de la regulación del tráfico, así como los organismos titulares de las vías, podrán imponer restricciones o limitaciones a la circulación por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico, a petición del titular de la vía o de otras entidades, como las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, y quedará obligado el peticionario a la señalización del correspondiente itinerario alternativo fijado por la autoridad de tráfico, en todo su recorrido.

5. Los supuestos de circulación en sentido contrario al estipulado tendrán la consideración de falta muy grave conforme a lo establecido en el artículo 65.5.f) del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

La circulación sin la correspondiente autorización por las vías sujetas a restricciones o limitaciones impuestas por razones de seguridad vial o fluidez del tráfico será sancionada con arreglo a lo establecido en el artículo 67.2 del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.

Lo anteriormente expuesto, ha de llevarse a cabo dentro del contexto normativo y sus límites, necesarios para que efectivamente puedan realizarse principios generales tales como legalidad, seguridad jurídica, confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Desoír lo anterior, vulneraría derechos fundamentales y básicos, impidiendo así, la efectiva realización de los derechos y deberes amparados por la legislación (tanto en lo relativo a Derechos Humanos, como comunitarios o de índole nacional).

Además, utilizar la cobertura legal para obtener un fin distinto al que la norma pretende, aparte de ilegal es constitutivo de delito, bien sea de manos privadas o públicas.

Conforme lo anteriormente expuesto, pasa a relatarse el hecho objeto de queja, que parte de una Administración territorial como lo es el Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid):

El Director General de Alcaldía del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid) dicta el Decreto 9040, de 18 de octubre de 2013, por el que limita el tráfico en el Paseo del Conde de los Gaitanes en La Moraleja (Alcobendas), a partir del 4 de noviembre de 2013, bajo la amenaza de sanción -sólo para algunos ciudadanos- que no son "iguales" ante la ley.

La actuación llevada a cabo olvida principios básicos: igualdad, seguridad jurídica y legalidad para que una norma pueda ser aplicada en las condiciones y garantías establecidas por la Constitución y la legislación vigente. Todo ello porque:

1º. El Decreto se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 267 del sábado 9 de noviembre de 2013; sin embargo, dice que se aplica a partir del día 4 de noviembre de 2013. Por ello, cualquier multa impuesta entre el día 4 y el 9 son ilegales, ya que las normas son válidas desde que se dictan, pero eficaces desde que se publican.

2º. Si bien las razones son la congestión y molestias a los vecinos residentes en la zona, la medida debería lógicamente, alcanzar a dichos residentes, pero NO es así; a pesar de la teórica argumentación, la regulación final es contradictoria e ilegal al considerar "residentes" a TODOS los vecinos de Alcobendas (o lo que es lo mismo, coches "empadronados" en Alcobendas). Ante un número de usuarios tan alto, cabe preguntarse: ¿la congestión se debe entonces, exclusivamente, a visitantes de otros lugares?. ¿Dónde está el estudio que avale esta conclusión?. A todas luces se  limita el derecho a la libre circulación en términos de igualdad para todos. La medida del Gobierno de Alcobendas, más que real, parece adoptada pensando en motivos electorales (para satisfacer una necesidad que pudiera ser real -para los vecinos residentes en La Moraleja- pero, de alcance a todos los vecinos de dicha localidad). Es evidente, todos son votantes.

3º. Se confunde lo que permite la legislación en materia de tráfico y seguridad vial y, en concreto, la Ordenanza de Alcobendas al hablar de que: "Cuando circunstancias especiales lo requieran, se podrán adoptar medidas de ordenación de tráfico, prohibiendo o restringiendo la circulación de vehículos o canalizando las entradas a unas zonas de la población por determinadas vías, así como reordenando el estacionamiento".

Esto puede llevarse a cabo pero, respetando los principios citados, que están por encima de las normas y, claramente no se respetan.

4º. Si esta limitación territorial la pusieran en marcha, de este modo, todos los Ayuntamientos, sencillamente se estarían dibujando fronteras limitadoras de derechos constitucionales y la "libre circulación" sería un mito.

Un claro ejemplo de falta de respeto a la legalidad, de arbitrariedad (que no discrecionalidad) y basada en motivos electoralistas. Una forma de gobernar normando en base al interés político, no en el de los ciudadanos (que lo son todos, no sólo los empadronados en Alcobendas).

De conformidad con lo relatado y con base en la inicial argumentación, se concluye y solicita:

A. Que si bien puede restringirse el acceso o circulación parcial o total por determinadas vías locales, lo ha de ser sobre la siguiente base, en respeto a los enunciados principios:

a. Argumentación mediante estudios y datos objetivos que justifiquen suficientemente la adopción de dicha medida.

b. Determinación del alcance de los sujetos afectados y/o excepcionados ya que, a mayor abundamiento, su transgresión es sancionable.

Si el criterio es la "residencia", parece justo que lo sea a los que con efectividad residan en la zona restringida y no a la totalidad de empadronados en un municipio ya que, más bien parece una medida de carácter electoral, constitutiva en este caso, de utilización de la norma en beneficio propio e interesado y, por tanto, en fraude de ley pues evidenciaría que no es la zona restringida y sus residentes el objeto de la medida sino, más bien, los votos futuros de toda una localidad.

B. Por ello se solicita sea requerido el mencionado Ayuntamiento de tal modo que justifique suficientemente una medida restrictiva y con alcance sancionador, anulándola de forma cautelar hasta tanto no se adecúe a derecho y se defina el alcance objetivo en relación a qué ciudadanos debe alcanzar. La misma es constitutiva de vulneración de derechos fundamentales de los ciudadanos como lo son la igualdad ante la ley y la libre circulación, transgrediendo principios esenciales del derecho cuales son los de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

En San Sebastián de los Reyes (Madrid), a 3 de diciembre de 2013

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