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El PSOE de Sanse: “Se debe proceder a la disolución de la Entidad Urbanística de Conservación de Tempranales”

. Archivado en Notas de Prensa

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El Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes llevará este jueves al Pleno Municipal su propuesta de disolución de la Entidad Urbanística de Conservación de Tempranales. Así lo ha anunciado el portavoz del PSOE local, Narciso Romero, la misma semana en la que la Asociación de Vecinos de Tempranales emitió un comunicado referente a la desestimación de las 853 alegaciones al Proyecto de Estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación de este barrio.

 


Narciso Romero basará su intervención en el comunicado que este miércoles 20 de noviembre emitió el Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes abogando porque el Ayuntamiento “inicie el proceso de disolución de dichas Entidades jurídicas, con las aprobaciones y tramitación jurídica procedente”.


De este modo, el secretario General del PSOE de San Sebastián de los Reyes expondrá en el Pleno Municipal que la figura de las Entidades Urbanísticas de Conservación “proviene de momentos de notable pujanza económica que no se corresponden con la actual crisis económica”. Por todo ello, Narciso Romero considera “conveniente, igualmente y atendiendo a la naturaleza de las mismas y escasa o nula participación de los últimos adquirientes vista la realidad de hoy, no abundar en la generación de ciudadanos de diferentes categorías”.

En este sentido, el dirigente Partido Socialista local propondrá al Equipo de Gobierno un total de ocho actuaciones, encaminadas todas ellas a “iniciar el proceso de disolución de dichas Entidades jurídicas, con las aprobaciones y tramitación jurídica procedente”.


Por su interés informativo, adjuntamos de forma íntegra el comunicado que el Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes emitió en torno a este asunto:

COMUNICADO PSOE DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES:


Las entidades Urbanísticas de Conservación nacen con la Ley del Suelo de 1956, su fin es el de dotar a los colectivos de propietarios de determinadas funciones relativas a construcción, conservación, mantenimiento, recaudación y vigilancia de las urbanización o polígonos industriales.


De acuerdo con la Sentencia de 25 de febrero de 2003, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, pese a ser la regla general que la Administración actuante esté obligada a sumir los gastos de conservación de las obras de urbanización y dotaciones públicas quedando, por lo tanto, excluidos los particulares propietarios de terrenos comprendidos en el polígono o unidad de actuación, existen determinados supuestos en los que se prevé que tales propietarios asuman la obligación de conservación de tales dotaciones e instalaciones públicas, cuando así lo disponga el Plan de Ordenación.


Dicha obligación, tendrá lugar cuando los solares estén comprendidos en unidades de ejecución o ámbitos delimitados a este solo efecto, siempre que el planeamiento urbanístico aplicable así lo disponga.

Por tanto, siendo la regla que la conservación de la urbanización corresponda a la Administración actuante (artículo 67 del Reglamento de Gestión Urbanística), corresponderá a los propietarios constituidos en Entidad cuando el planeamiento, los pactos, o la Ley impongan este deber a los mismos (artículo 68 del Reglamento de Gestión Urbanística). 

En definitiva, si la administración municipal así lo dispone, mediante el condicionamiento concreto, en el Plan o Proyecto de Urbanización, mediante acuerdo específico posterior o mediante inclusión, previa o posterior, de determinaciones en el planeamiento, la conservación de la urbanización correrá a cargo de los propietarios de la misma.


No obstante, es una actuación típica en aquellos supuestos en que se actúa por el supuesto de compensación, a diferencia de lo que suele acontecer cuando se hace por el de cooperación o expropiación.


El urbanismo es un elemento cambiante que ha de dar respuestas a la realidad social de cada momento. Es por ello que, en momentos de notable pujanza económica, la promoción del suelo por parte de particulares, propietarios originales de los terrenos –como en el sistema de compensación- fuera un elemento naciente y, ante la proliferación de mayores superficies y sus costes de mantenimientos, la figura de las Entidades Urbanísticas de conservación aparecieran como elementos que la Administración, a priori pudo considerar de interés para el erario público. Asimismo, los propietarios iniciales –juntacompensantes-, decisores en primera instancia del modelo por interés propio, no es de extrañar que asumieran este tipo de actuación toda vez que dicho suelo, como destino futuro quedaría en manos de otros propietarios, esto es, los adquirientes tras el proceso constructivo –no intervinientes, por tanto, en el proceso inicial de decisión-.


Es una figura absolutamente lícita e incluso coherente, mas no incompatible con las adversidades futuras que pudieran aconsejar su revisión, bien sea por el cumplimiento de sus fines o porque otra realidad imponga la necesidad y conveniencia de la búsqueda de la tutela de la Administración.


Tras un período de evidente bonanza económica, sobretodo derivada de la actividad urbanística provocada por las diferentes etapas legislativas, eclosiona otra de crisis que hace -como así ha acontecido con la actual Ley de Rehabilitación, Renovación y Regeneración Urbanas-, que el urbanismo del hoy y del futuro pivote no sobre la generación de suelo en tanto que sobre la rehabilitación, renovación, y regeneración.


Este cambio de paradigma no puede dejar inalteradas situaciones que antes eran acomodables a la realidad pero que hoy se dan de bruces con ellos.


Por otro lado, la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, y de forma similar otras normas urbanísticas, imponen la obligación a los Ayuntamientos de subvencionar a las entidades urbanísticas colaboradoras de conservación. 

En concreto expresa el Artículo 136.3 de la Ley 9/2001 del suelo de Madrid:

- 3. La atribución de la conservación a los propietarios agrupados en Entidad Urbanística de Conservación comportará para el Ayuntamiento la obligación legal de subvencionar dicha Entidad.


Todo ello unido al actual momento de crisis económica, cambio del paradigma urbanístico y demanda social, aconsejan cuando menos que la Administración Pública sea sensible al estudio y revisión de estas situaciones para decidir lo más adecuado, a futuro.  


Como se ha dicho, no todas las Entidades Urbanísticas de Conservación surgen de la misma figura jurídica, pero si que la obligación de subvencionar es una premisa legal.  Sin embargo, la Ley no dice “cuánto”, pudiendo, por tanto, llegar al alcance que se pudiera estimar.


Es conveniente, igualmente y atendiendo a la naturaleza de las mismas y escasa o nula participación de los últimos adquirientes, vista la realidad de hoy, no abundar en la generación de ciudadanos de diferentes categorías.


Conforme lo expuesto con anterioridad, el PSOE propone al Equipo de Gobierno, la siguiente actuación:


-       Primero: Elaboración de un catalogo de las vigentes Entidades Urbanísticas de Conservación existentes en nuestro municipio, con indicación de su figura jurídica de origen, alcance obligacional, y límite temporal, en su caso a fin de evaluar su posibilidad de disolución jurídica.


-       Segundo: Comparación de los montos, obligaciones reales de las mismas y volumen actual de actuaciones subvencionadas.


-       Tercero: Análisis, justificación suficiente y determinación del importe de las subvenciones municipales obligatorias.


-       Cuarto: División en dos bloques diferenciados por los usos más importantes: residencial e industrial.


-       Quinto: Elaborar un estudio exhaustivo sobre el alcance máximo de financiación municipal, priorizando las áreas residenciales respecto de las industriales debido a las evidentes diferencias, necesidades e intensidades en el uso de unas y otras.


-       Sexto: Análisis y búsqueda de realización de la cobertura presupuestaria de conservación por parte del Ayuntamiento.

-       Séptimo: Tras ello, toma de decisión sobre la conveniencia de iniciar la declaración de innecesariedad por el Ayuntamiento Pleno de las Entidades Urbanísticas de las áreas residenciales en primer lugar, y en última instancia, y de resultar factible, de las industriales o dotación de mayor subvención a éstas.


-       Octavo: Iniciar el proceso de disolución de dichas Entidades jurídicas, con las aprobaciones y tramitación jurídica procedente.  


Antes esta situación y obligación de subvención que puede -y debe en la actual situación-, llegar a la totalidad, se hace innecesaria la existencia de las mismas, proponiendo, por tanto, su disolución.


Estas Entidades no son otra cosa que una forma de participación de la ciudadanía en la vida pública; por ello, dicha participación implica el derecho a ser oídos y atendidos, como en el caso de Tempranales, Dehesa Vieja y Moscatelares, entre otras, según lo que se ha expuesto anteriormente.


Sirva como ejemplo de actuación, la llevada a cabo por un Ayuntamiento madrileño en el que el Partido Popular no se manifestó en contra -como ha sido el caso de Torrelodones-, en su reciente actuación plenaria de 1 de enero de 2013.  

En San Sebastián de los Reyes, a 19 de noviembre de 2013.

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