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El PSOE quiere que el Pleno Municipal rechace que los trabajadores de Sanse tengan que pagar 80 euros por atravesar La Moraleja

. Archivado en Notas de Prensa

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El secretario general del Partido Socialista de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, pedirá este jueves en el Pleno Municipal que todos los grupos políticos de la ciudad expresen su rechazo a que el Ayuntamiento de Alcobendas multe con 80 euros a los ciudadanos que atajen por la calle Conde de los Gaitanes (ubicada en el barrio de La Moraleja), para evitar los atascos que se producen en la A-1 o la M-12.

 

Narciso Romero, que siempre se mostró muy crítico con esta medida (llegando a plantear incluso la creación de otro peaje de 80 euros para los vecinos de La Moraleja que acudan a los centros comerciales de San Sebastián de los Reyes), considera inaceptable que a partir del 4 de noviembre los vecinos de Sanse se vean obligados a pagar 80 euros por circular en una calle del municipio vecino.

“La propuesta del PP de Alcobendas es inaceptable cuando mediáticamente lleva meses vendiendo su firme propósito de compartir servicios con San Sebastián de los Reyes con el fin de optimizar los recursos públicos de ambas ciudades”, ha explicado Narciso Romero, para quien “no se puede querer compartir grúa con nuestro municipio para ahorrarse 400.000 euros y a la par cobrar a los vecinos de San Sebastián de los Reyes 80 euros por atravesar una calle de Alcobendas”.

Por todo ello, y tras comprobar que el alcalde de San Sebastián de los Reyes no está dispuesto “alzar la voz y defender con ahínco a los vecinos de su municipio que tendrán que abonar 80 euros o bien se verán obligados a afrontar atascos kilométricos al no poder circular libremente por Alcobendas”, Narciso Romero ha optado por llevar este controvertido asunto al Pleno Municipal.

El PSOE entiende que el PP va contra la Ley
Desde el PSOE de San Sebastián de los Reyes entienden que la medida de restricción de usuarios se aparta del sentido de la norma (Ley de Tráfico): no puede entenderse por "residentes" a los que no acrediten residencia efectiva en la zona limitada. Por ello, extenderlo a todos los vecinos de Alcobendas (entendiendo que son residentes, aunque no lo sean de esa zona) es una medida subjetiva, electoralista y arbitraria. Sin ir más lejos, en el "Barrio de las Letras" se prohíbe circular a todo el mundo -excepto a los residentes del barrio-, y no a todos los vecinos empadronados en Madrid. 

“Las vías son públicas, de uso libre y gratuito como predica la legislación española. Sólo motivos muy fundamentados pueden excluir, como dicela Ley de Tráfico (Artículo 16), determinados vehículos o usuarios pero, con carácter objetivo, sin crear privilegios de carácter territorialista. Si todos  los municipios adoptaran este tipo de medidas -argumentando “las competencias propias”-, observaríamos como se crearía un caos y una llamada a enfrentamientos vecinales. Esto significa que, conforme se ha entendido por el Ayuntamiento de Alcobendas, la medida es discriminatoria, arbitraria, injusta e ilegal, atentando contra los principios más básicos del marco constitucional”, ha agregado Narciso Romero.

Asimismo,  en opinión del líder del PSOE de San Sebastián de los Reyes, “si es un problema de colapso por insuficiencia de las vías generales, para eso está la cooperación supramunicipal, bien entre municipios o entre Comunidad Autónoma y Estado. El problema es que es más fácil la vuelta a medidas represoras en lugar de legislar la convivencia en beneficio de todos”.

Por último, Narciso Romero ha reiterado quela Constitución Española predica el principio “in dubio pro libertate”. Dado que la libertad pertenece al ser humano, también se utiliza la denominación "in dubio pro homine" para referirse a este principio. Y este principio, en caso de duda, se dilucidará a favor de la libertad del ser humano, como garantía de la efectiva vigencia de los derechos (subjetivos) fundamentales.

“Tal vez vuelvan a imponerse, como enla Edad Media, gravámenes tales como: el diezmo; las alcabalas; las tercias reales; las primicias; los portazgos; los pontazgos o las sisas. En definitiva, siempre sería argumentable que el municipio tiene competencia para ello, aunque hubiera de esperarse a que el Tribunal Constitucional dijera lo contrario”, ha indicado Narciso Romero.

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